Sobre el Lockout agrario en Argentina

Pronunciamiento colectivo de algunos organimos de Derechos Humanos sobre la actual situación generada por el Lockout agrario.
Los Organismos de Derechos Humanos abajo firmantes reafirmamos nuestro compromiso con el camino institucional elegido por el pueblo argentino y rechazamos los intentos de desestabilización política y golpista de algunas instituciones representantes de los sectores económicos, políticos y sociales que propiciaron, sostuvieron y participaron en todos los golpes dados en nuestro país a partir de 1930 y que en 1976 impusieron, mediante el terrorismo de Estado, un modelo económico neoliberal que conlleva la violación sistemática de los derechos de la población de menores ingresos y cuyas consecuencias aún estamos padeciendo.
Detrás de los legítimos reclamos de los campesinos y pequeños productores, a los que apoyamos, se presentan como defensores del campo los mismos actores que para imponer sus políticas económicas, fueron ideólogos y cómplices del terrorismo de Estado y de sus métodos: asesinatos, desapariciones, torturas, prisión, exilio, violaciones, robo de niños.
Estas instituciones NO SON EL CAMPO. Representan la ambición egoísta de los capitalistas del agro y los pool de siembra en los que participan grandes grupos financieros no necesariamente agropecuarios. Representan a los 936 terratenientes que - según el Censo Agropecuario de 2002- poseen un promedio de 38 000 has. cada uno, mientras 140 mil agricultores poseen un promedio de 16,7 has. y que en los `90 mantuvieron silencio mientras 300 mil pequeños productores eran expulsados de sus campos. Representan a los Cargill y los Monsanto, que manejan el negocio de los agroquímicos y las semillas transgénicas. Representan el modelo que no admite que el Estado controle la renta agraria lograda con el sostén de un dólar alto y subsidios en combustibles a costa del esfuerzo de toda la Nación. Mientras emplean al 75% de los trabajadores rurales en negro y pagan sueldos miserables a los trabajadores en blanco.
El Estado tiene el deber de llevar a cabo una justa distribución de la riqueza y para tal fin consideramos que deben utilizarse las atribuciones que las leyes le otorgan como las retenciones a las exportaciones que generan enormes ingresos a los “dueños” de la tierra y a grupos exportadores.
Estas retenciones no les impiden ganar sumas fabulosas, simplemente les producen una disminución de sus ganancias. Los fondos recaudados de las retenciones a las exportaciones agrarias, y todo el superávit que genera el comercio exterior de alimentos, energía, minería y otros deberían destinarse a revertir una situación de polarización social. De esa manera, a la legalidad de las medidas se sumaría la legitimidad del cometido Las entidades rurales que protagonizan el lock-out patronal no representan -según sus propias declaraciones- a las miles de familias agrupadas en Movimientos de Campesinos y de indígenas existentes en Santiago del Estero, Córdoba, Formosa, que no se dedican al cultivo de la soja transgénica -que ha devastado bosques, contaminado suelos y aguas, envenenado el ambiente y eliminado mano de obra- sino que se dedican a la producción de alimentos.
Hoy esas entidades utilizan para expresar su rechazo a las retenciones los mismos métodos que critican defendiendo “el derecho a la circulación” cuando los usan desocupados, trabajadores mal pagos o familias con hambre. Y no sólo cortan las rutas sino que impiden -obligando a derramarlos en un derroche ofensivo- que los alimentos lleguen a los que tienen derecho a alimentarse.
Las retenciones son medidas necesarias pero insuficientes. Se requiere contemplar la modificación estructural del sistema impositivo, ineficaz, injusto e inequitativo. Los movimientos de campesinos, actores fundamentales, no pueden estar ausentes de una mesa de diálogo donde, además de la política de retenciones graduales y el destino de esos fondos, se discuta el modelo de producción agropecuario, y se contemplen créditos y subsidios amplios para las actividades perjudicadas por el monocultivo sojero.
Convencidos de que es deber del Estado intervenir en la actividad económica para garantizar una justa distribución de las riquezas, los organismos de derechos humanos abajo firmantes reiteramos nuestro compromiso con las políticas que tiendan a la participación democrática en un proyecto de liberación nacional, dirigidas a construir un país solidario, con plena vigencia del Estado de Derecho y que priorice a los sectores más vulnerables y desposeídos. Rechazamos el lock-out patronal y los proyectos monopólicos y desestabilizantes de la Sociedad Rural y sectores afines, avalamos las retenciones a los grandes propietarios y exportadores y apoyamos los reclamos de campesinos y pequeños productores.

Carta de Adolfo Pérez Esquivel

'No confundir campesinos con terratenientes'
El paro agrario en la Argentina desde hace más de 15 días, es utilizado por sectores golpistas para desestabilizar al gobierno y seguir explotando al pueblo con total impunidad.
Las retenciones que el gobierno impone a las exportaciones tienen diversas lecturas y contradicciones que han confundido y generado que los sectores del campo coincidan, en la protesta. Es necesario diferenciar si están juntos y revueltos para desestabilizar al gobierno, o tienen la suficiente claridad para diferenciarse en la lucha y reclamos que consideran que la medida del gobierno afecta a los pequeños y medianos productores rurales.
Hay que diferenciar y saber si están juntos, pero no revueltos y hasta dónde llega estar juntos sin quemarse.
Recuerdo esa pequeña historia que dice: “El ladrón corre hacia el Este y el policía corre hacia el Este. Pero los dos con intenciones diferentes”.
No hay que olvidar que los productores agropecuarios nunca tuvieron tantas ganancias como en los últimos años, beneficiándose por la política de cambio y las exportaciones de soja y girasol. Los indicadores son elocuentes y concretos.
Sin embargo es necesario hacer un análisis de los costos que esa actividad tiene para el país, su rentabilidad y concentración de la riqueza en pocas manos. Las grandes corporaciones agropecuarias han destruido, quemado miles de hectáreas de bosques, apropiándose de grandes extensiones de tierra para plantar soja transgénica. Utilizan agroquímicos altamente contaminantes sin importarles las consecuencias para el medio ambiente y vida de los pobladores.
Por otra parte, las contradicciones del gobierno no son pocas, pero hay que reconocer que ha dado algunos pasos importantes hacia la recuperación económica y eso es positivo. El saqueo a que fue sometido el país durante la crisis de 2001, fue un golpe de Estado económico, sacando al exterior los capitales, llevando al cierre de fábricas, desabastecimiento, aumento del desempleo y pobreza, provocada por las grandes corporaciones industriales y agropecuaria, como el sistema bancario, que buscaron el vaciamiento del país sin importarles las consecuencias sociales.
Sectores de la llamada “clase media, acomodada” salieron estos días con la cacerola de acero inoxidable y cucharita de plata a apoyar el paro agrario y dicen que lo hacen para “defender al campo”.
Ésta mañana sentí hablar a dos mujeres que se preguntaban: ¿Qué tal te fue en el cacerolazo?- Muy bien querida. Estuvo divino!!!!!!!!. ¿Y vos donde fuiste?- Estuve en el cacerolazo frente a la Quinta de Olivos. ¿Vas a ir hoy al cacerolazo?- No querida tengo una reunión en el club. Nos vemos querida. Mientras ponían en marcha su camioneta 4x4.
La falta de memoria a muchos les ha jugado una mala pasada. Se olvidaron que la clase media acomodada que siempre creyó estar a salvo de la debacle del país; también fueron víctimas del vaciamiento económico y muchos perdieron sus recursos y ahorros depositados en los bancos. Es necesario hacer memoria porque hoy nadie se hace responsable de esa situación y lamentablemente la impunidad continúa.
El gobierno tiene que asumir que se equivocó al poner las retenciones por igual y no diferenciar a los pequeños y medianos productores rurales, que son la mayoría y muchos tienen serias dificultades en su producción y con sus campos hipotecados; juzgarlos con la misma vara, con que mide a las grandes corporaciones y terratenientes que tienen ganancias exorbitantes que sacan del país y que no están dispuesto a la re-distribución de la riqueza.
Estamos frente al cuento del ladrón y el policía, en que los dos corren hacia el Este pero con intenciones diferentes.
A río revuelto, en la actual situación de conflicto, se suman sectores golpistas que buscan provocar tensiones para desestabilizar al gobierno y se suman al cacerolazo, no para defender el derecho de los trabajadores rurales. Sus intenciones son otras que tdos conocemos y sufrimos.
La presidenta Cristina Fernandez Kirchner pidió que levanten el paro para dialogar y encontrar una salida al conflicto. Es una medida prudente que los productores rurales no pueden dejar pasar. El diálogo es el camino para encontrar soluciones.
El gobierno no puede volver a equivocarse y tiene que diferenciar al campesino de los terratenientes.
No hay que permitir ni dejarse arrastrar por los golpistas para que se enfrenten trabajadores contra trabajadores
Hay veces en la vida que la enseñanza es dura, pero se aprende. Los campesinos luchan por sus derechos y resistir en la esperanza para alcanzar a vivir con dignidad y recuperar la soberanía nacional, hoy amenazada por los grandes intereses económicos que se niegan a re-distribuir la riqueza.
Las retenciones son necesarias, no sólo al agro, a las empresas mineras, con políticas públicas para evitar la explotación irracional a que someten al país.
Las retenciones deben dirigirse correctamente a construir el país que queremos.
Queda un largo camino a recorrer que es necesario construir entre todos y todas.
Argentina: Paren la mano. El camino es el diálogo y no la violencia

De Angeli y un represor?

Tiene prohibida la salida del país por el juez Comparato. Una concejal de Tandil y la Apdh de Olavarría denunciaron que junto a De Angeli apareció en TV un ex represor tandilense procesado.Una concejal del Frente para la Victoria de Tandil, María Rosa Toncovich, denunció vía mails hoy que “junto a (el dirigente ruralista) Alfredo De Angeli” apareció en televisión “Julio M. Méndez (foto), quien se encuentra procesado en el juicio por los centros clandestinos de detención en Tandil”. La cadena de correos, a la que se sumó la Apdh Olavarría a través de su presidente Carmelo Vinci, agrega que “Méndez está procesado por el centro `Quinta de Méndez´, y en estos momentos tiene prohibido salir del país por el juez federal Comparato, que entiende en la causa”. Ante una sociedad estupefacta por la falta de acuerdo entre el Gobierno y el campo, la novedad enracece aún más el clima regional del extenso -y muy politizado- debate. Julio M. Méndez era el propietario de una “chacra” en Tandil, en donde funcionó un centro clandestino de detención , allí fue asesinado por los grupos de tareas de la dictadura, el abogado Olavarriense Moreno , peronista y defensor de trabajadores , que hacia poco tiempo (1976) se había animado a enfrentar a la empresa Loma Negra ganándole un juicio por silicosis (la enfermedad de los mineros) que nadie se animaba a entablar. Este compañero pagó cara su valentía ya que al poco tiempo fue secuestrado y posteriormente asesinado con la complicidad de estos "gauchitos " que prestaban su campo para tan siniestras actividades. No es de extrañar que hoy estén junto a De Angelis ...

que carajo hacia atrás del piquetero ruralista’’????????

Los De Angeli y los Yabrán....

Arrienda 1100 hectareas
“Estoy de colono con los Yabrán hace 10 años”, acepta De Angeli

Saltó a la fama con los piquetes del agro. Fue por su discurso campechano pero duro, con críticas al gobierno de Cristina Fernández. Con los flashes también cayeron los problemas para Alfredo De Angeli (51). La Justicia inició una investigación en su contra por haber admitido que, durante el conflicto, los chacareros estaban armados para resistir.
Pero hay un dato hasta ahora no conocido en la historia del presidente de la Federación Agraria de Entre Ríos y del que, por alguna razón, no le gusta para nada hablar: alquila alrededor de 1100 hectáreas a la familia del empresario postal Alfredo Yabrán, involucrado como autor intelectual del crimen del reportero gráfico de la revista Noticias José Luis Cabezas. Claro está, esto no lo convierte en un delincuente, sólo forma parte del anecdotario en la historia de De Angeli.
En cambio, suena a paradoja que dos “enemigos íntimos” como el productor y el camionero, Hugo Moyano, se enfrenten por este conflicto pero compartan el vínculo con el grupo Yabrán (el líder de la CGT tenía 5.000 camioneros afiliados trabajando para el empresario postal).
De Angeli nunca lo conoció a Don Alfredo, en cambio sí trató durante diez años con su hermano Felipe “Toto” Yabrán. “La relación con Toto fue estrictamente comercial”, aclara, molesto y tratando de esquivar la pregunta de PERFIL.
—¿Usted le alquila los campos a la empresa Yabito?
—Hace 36 años que estoy en un campo y hace diez años que la familia Yabrán compró ese campo con la empresa Yabito. Desde entonces estoy de colono con ellos.
—¿A Alfredo Yabrán lo conoció?
—No, no lo conocí. Con el primero que nos vinculamos fue con Don “Toto” Yabrán. Cuando nos preguntó a mí y a mi hermano Atilio cuántos años hacía que estábamos en el campo, mi hermano le dijo: “Veintiséis”. Entonces nos dijo: “Tan malos no han de ser”.
—¿Se hicieron amigos?
—La relación es sólo comercial. Igual Toto no está más en la administración, hay un equipo de profesionales que se encargan del campo.
Otro misterio alrededor de De Angeli es en qué se moviliza para estar en tantos actos por semana, y quién financia sus gastos. Luego de que se dijera que una multinacional lo “bancaba”, De Angeli lo refutó con dureza. Para viajar ayer desde Gualeguaychú, donde está su campo, a Trenque Lauquen, un grupo de productores agrarios, con Eduardo Galiassi a la cabeza, alquiló un taxi aéreo cuyo costo fue de 2.800 dólares. “A último momento tuvimos que conseguir más plata, porque De Angeli tenía que ir de Trenque Lauquen a Corrientes, para luego volver a Entre Ríos”.